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Un poco de todo

No a la Justicia para ricos

Recientemente un grupo de letrados del ICA de Ourense han creado en Facebook el grupo “No a una justicia para ricos”, mostrando su clara oposición a la Ley de Agilización Procesal que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Vaya desde aquí mi apoyo personal a todas las iniciativas que tratan de expresar públicamente la necesidad de reformar la administración de justicia, y que por lo tanto con el debate, la crítica o la oposición contribuyen a mejorar los mecanismos de reforma de la administración de justicia.

El servicio público de justicia se presta  y se concluye por la totalidad de colectivos que incidimos sobre la misma. La resolución del conflicto depende en tanta medida de la tramitación y resolución judicial, como de la intervención de los letrados de las partes, preparando el pleito, ofreciendo la prueba e interviniendo en juicio. No hay administración de justicia sin letrados de las partes, como tampoco la hay sin jueces, fiscales, secretarios o funcionarios judiciales. Por lo tanto cuando se habla de la reforma de la administración de justicia se habla de algo que a todos nos afecta, y que al final revierte sobre el objetivo último: prestar un servicio de calidad al justiciable, resolver el conflicto que afecta a los ciudadanos.

Debe ser esta una lucha conjunta, sin escisiones, que permitan debatir, deslindar y plasmar aquellas medidas que realmente nos permitan mejorar. No entiendo por ello como podemos darle pábulo a mensajes o artículos de opinión descalificantes para colectivos que perseguimos el mismo objetivo. No entiendo un foro que trate de unir, de potenciar una voz de auxilio ante una reforma que se considera perjudicial para el ciudadano, y que al mismo tiempo se permita que integrantes del mismo publiquen artículos descalificantes para el resto, cierto es que con el pábulo de muy pocos. Y hablo del artículo “Jueces y Juezas al servicio de la causa”,  el cual sin el más mínimo rigor, vierte expresiones descalificantes para el colectivo judicial, apoyándose en una encuesta de opinión,  y vertiendo un conjunto de opiniones personales que carecen del más mínimo rigor científico.

No me merece comentario alguno el citado artículo, simplemente la tristeza de observar una vez más, como se utiliza una apuesta notable para el dialogo, el debate y la protesta, como es el foro “no a la justicia para ricos”, para acudir a viejas rencillas entre colectivos que desde luego no constituyen el camino para reformar la justicia.

Desde el ámbito judicial, desde los distintos colectivos que lo integramos, hemos debatido y sometido a examen diversas medidas para mejorar la justicia. Quizás hayan pecado de su carácter unilateral, de la falta de pluralidad en su estudio, de no haberse enriquecido con las aportaciones de otros colectivos, ahora bien son una muestra de la preocupación por el estado actual de la Justicia, ofreciendo modelos de reformas al legislador, que es a quien le corresponde someter a la opinión pública las diversas propuestas ofrecidas.

Por ello creo que la protesta, legítima y asumible en la mayoría de sus términos, debemos acompañarla de foros de discusión y debate acerca de las medidas a adoptar, de lo que hay que hacer para impedir que las situación permanezca inalterable. No hay que efectuar reproches hacia nadie sino establecer pautas y modelos que nos permitan mejorar, aportar ideas, presionar a los políticos para realizar una reforma a fondo de la Justicia, sin prejuicios de clase, asumiendo el coste que para todos suponen las reformas.

Nuevas Tecnologías y Derecho Penal

Como habíamos acordado subo los materiales utilizados como foro de discusión en el Seminario Nuevas Tecnologías y Derecho Penal, celebrado en Madrid los días 30,31 y 1 de abril. Las conclusiones del seminario las colgaré en la pagina del CGPJ en los próximos días.

Los últimos analisis sobre preocupación de las empresas en USA ponen de manifiesto que el fraude on line ha superado en la preocupación y en hechos delictivos al fraude fisico, constituyendo al fenomeno de la delincuencia on line como el de mayor relevancia actual. Los ingresos que genera este tipo de delincuencia superan ya los generados por el tráfico de drogas, y el numero de ilicitos cometidos cada año, crece en forma exponencial. Frente a ello los delincuentes sometidos a enjuiciamiento y condenados constituyen una parte insignificante de la totalidad de las condenadas dictadas por los Tribunales españoles y los que integran los paises de nuestro entorno. Una nueva forma de delincuencia que requiere un trata miento nuevo, mayor conocimiento, más colaboración y una forma distinta de entender el concepto de competencia nacional, de jurisdicción. Todas estas cuestiones integran el contenido esencial del seminario.

Derecho Penal y nuevas tecnologias

ESTUDIO TIPOS PENALES

ESTAFA INFORMATICA

Injurias y calumnias a través de la

Daños en sistemas de información

NUEVOS TIPOS PENALES

La Agilización de la Justicia

El pasado viernes el Consejo de Ministros envió a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, la denominada Ley de Agilización Procesal. La iniciativa legislativa presenta determinadas medidas destinadas a la agilización de la Justicia, siendo aquellas que presentan mayor relevancia las relativas a la supresión o reducción del acceso a la segunda instancia, limitando o suprimiendo los recursos de apelación y casación. La imposibilidad de formular recurso de apelación contra las sentencias dictadas en juicios verbales, en aquellos cuya cuantía no supera los 6.000 euros, constituye la medida que sustenta mayores reproches. Así, y de acuerdo con la nueva regulación, cualquier reclamación que efectué un particular demandando el cumplimiento de una deuda inferior a 6.000 euros se conocerá en única instancia, sin posibilidad de recurrir si se está en desacuerdo con la sentencia dictada ante un Tribunal superior.

La introducción de la condena en costas en la vía contencioso administrativa, de tal manera que en aquellos procesos en los que intervenga un particular contra la administración, aquel que pierda el pleito abonará los gastos de la parte contraria, constituye otra de las medidas controvertidas.

Estas reformas, demandadas por el Consejo General del Poder Judicial, no han sido acogidas con unanimidad ni por los llamados operadores jurídicos, ni por quienes, aun coyunturalmente, son usuarios del sistema de justicia. Así hemos conocido estos días, la  clara y contundente oposición de los Colegios de Abogados, de lo que es fiel reflejo el reciente pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lugo, que expresa el sentir general que trasmite la profesión. También hemos conocido la posición de los Colegios Médicos de Galicia,   al indicar que son los médicos los principales usuarios de la Justicia Administrativa, al tener que accionar como personal estatutario contra las decisiones del Sergas o de la Administración, y que por lo tanto se verán perjudicados por las posibles condenas en costas, lo que en suma, limitará su derecho a reclamar.

Posicionamientos críticos y argumentados que deben servir para definir la Ley en el trámite parlamentario, pero que no pueden oscurecer la realidad evidente, que se explicita en la incapacidad del sistema de justicia para absorber y dar respuesta al constante incremento de asuntos que llegan a los Tribunales. En el año 2010 los Tribunales españoles ingresaron 9.500.000 millones de asuntos, casi 2 millones más de los ingresados en el año 2006, de los cuales se dejaron sin resolver 168.665 asuntos, que integran la cifra de 3.274.623 asuntos en trámite al final del año 2010.

Las cifras reseñadas, que dejan atónitos incluso a quienes trabajamos la Justicia, son muy superiores a las correspondientes a países de nuestro entorno, así Francia con 66 millones de habitantes presenta un millón menos de procedimientos que en nuestro país. Nuestros conciudadanos litigan en exceso – uno de cada cinco ciudadanos españoles tiene en curso un procedimiento judicial-, y lo hacen como consecuencia de la ausencia de medios alternativos de resolución de conflictos y de las propias deficiencias legislativas, leyes imperfectas que dejan abierta la vía de recurso, el cual además se ve favorecido por la tardanza en su resolución, manteniendo mientras tanto la situación fáctica existente. En suma, que recurrir presta más bondades que inconvenientes.

Alcanzar la necesaria normalidad en el servicio de justicia, la reducción en los tiempos de respuesta, difícilmente se puede lograr al arrastrar un déficit de 3.000.000 millones de procedimientos. Si a ello añadimos los conocidos males de nuestra administración, con la concurrencia de tres administraciones (ministerio de justicia, administración autonómica y CGPJ) actuando sobre un mismo objeto, con las carencias informáticas, materiales y de personal, además de preguntarnos cómo es posible que aún así funcione el sistema, debemos encontrar una solución  que reforme la situación actual.

Resulta evidente que ante la acumulación de asuntos solo cabe adoptar dos posicionamientos: o se crean más juzgados, se nombran más jueces – con el tremendo coste económico que presentan ambas medidas (solo hay que recordar que la implantación de una nueva unidad judicial tiene un coste aproximado de 400.000 euros)- o se trata de cambiar el sistema, reduciendo el número de asuntos que ingresan y la forma de tramitar y resolver los mismos. Esta segunda solución es la acogida por la ley de Agilización de la Justicia, solución que puede parecer un mal menor para sus críticos, pero que sin embargo permitirá, en un clima de profunda crisis económica,  afrontar la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos, al reducir el número de asuntos en aquellas jurisdicciones que presentan mayor colapso, y todo ello con coste cero.

Esta ley no pone fin al problema, pero inicia un camino en donde procedemos a enfrentar las grandes cuestiones que plantea la justicia, y lo hacemos utilizando el bisturí, sin quedarnos, como en otras ocasiones, en meras cuestiones estéticas.

Articulo publicado el pasado martes en el Faro de Vigo

II Jornada Jurídico Policial

Los limites de la actuación policial, en su función de garantía de los derechos fundamentales, constituyeron el nucleo central del debate posterior a la intervención conjunta que realizamos en la II Jornada Juridico Policial, organizada por los sindicatos policiales SUP y UFP y por la Unión de Guardias Civiles.

La Jornada tomaba por base el estudio de la reciente reforma del Codigo Penal, tanto en su parte General como el de aquellas figuras delictuales que tienen relación directa con la actuación policial. El caracter profesional de la Jornada determina un interés especifico por aquellas cuestiones que afectan a la actuación diaria de quienes integran los Cuerpos de Seguridad del Estado. La existencia de una jurisprudencia no definida en muchas de estas cuestiones, unido al interés directo que tienen para los Agentes  por la relación que presentan con el trabajo diario, motivó un interesante cambio de impresiones entre ponentes y participantes.

La aparente diversidad existente entre el oficio policial y el judicial, confluye sin embargo, en la posición de garantes de los derechos fundamentales que ambos deben asumir. Este respeto constituye el limite de la actuación policial, y a su vez la mayor garantía de su éxito. Las pruebas solo pueden aportarse al proceso cuando las mismas gozan del requisito de la licitud, tanto en su contenido como en su forma de obtención. Esta necesaria escrupulosidad en la forma de obtención motiva la constante jurisprudencia que perfila cada uno de los requisitos que deben concurrir en la obtención de aquellas pruebas que afectan, colisionan o incluso solo limitan tangencialmente con los derechos fundamentales.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asumen y respetan esta función de garantía, ahora bien ese respeto solo se logra mediante la profundización en el cuestionamiento de cada uno de los puntos de fricción. El respeto procede de la convicción, pero también del conocimiento.

Un proxecto de investigación que mellora o método de Sherlock Holmes

González foi asasinado na súa casa cun revolver que pertencía a Pérez. Pérez necesitaba diñeiro para saldar débedas. Pérez odiaba a González dende facía tempo. Pérez era amante da muller de González, única beneficiaria do seguro de vida do marido. Dúas testemuñas fidedignas viron a Pérez saír da casa de González dez minutos despois da hora estimada do seu deceso. As pegadas dixitais de Pérez foron atopadas na arma empregada para asasinar a González. A muller de González recoñeceu que tiña conspirado con Pérez para asasinar ao seu marido. Cal é o veredicto?

Nunha primeira lectura ás premisas sentenciaríamos que Pérez asasinou a González. Sen embargo, esta conclusión non é unha certeza deducida, non temos garantida a verdade, estamos dando en realidade “un salto á mellor explicación posible”. Este proceso de interpretación, habitual na vida cotiá, adquire especial importancia polas súas repercusións no caso de xuíces e xurados populares. Para contribuír a que as súas sentenzas teñan a maior forza e criterio posible, un grupo de profesores de Filosofía do Dereito traballan desde xaneiro no proxecto de investigación Razoamento abdutivo e argumentación xudicial, liderado por Pablo Raúl Boronino, docente da Facultade de Dereito de Ourense, e financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación.

“Os argumentos abdutivos son moi comúns nas novelas policiais, sobre todo naquelas nas que un detective, como por exemplo Sherlock Holmes, descobre como se cometeu un crime e ao seu culpable, ás veces incluso sen moverse do seu despacho” explica o profesor Boronino. Na práctica xurídica a abdución soe empregarse tanto para guiar a investigación xudicial como para fundamentar os seus resultados, ao avaliar as probas e interpretar as normas.

Dada a importancia destas inferencias, sinala o profesor Boronino, o seu proxecto de investigación proponse “determinar un método e uns criterios que nos permitan clasificar as abducións e identificar cando estamos diante dunha boa abdución e en que medida”. O desenvolvemento desta metodoloxía permitiría aos xuíces ditar sentenza empregando os argumentos máis fortes, as abducións que se mostren máis sólidas en base a criterios establecidos. Para facelo, o proxecto toma como referencia o campo da dedución, onde é posible comprobar, grazas ao desenvolvemento da lóxica, se unha dedución é correcta. Así, explica Boronino, ante as premisas todos os homes son mortais e Sócrates é un home ninguén poñe en dúbida a dedución de que Sócrates é mortal. Un certeza moi desexada para o campo xudicial á que este proxecto quere contribuír a achegarse.

Ademais de Boronino, no proxecto participan os profesores Guillermo Suárez, da Universidade de Vigo; Joaquín Rodríguez, Sonia Rodríguez e Manuel Segura, da Universidade de Santiago; Antonio Piña, da Universidade de Vigo e xuíz decano de Ourense; Juan Antonio García, da Universidad de León, e varios profesores de Arxentina e Reino Unido. Esta semana realizaron en Ourense o seu primeiro encontro co obxectivo de establecer as liñas prioritarias sobre as que traballarán nos próximos tres anos de duración do proxecto.

Durante estes anos, explica Boronino, haberá dúas liñas principais de acción. Por unha banda, realizarán un achegamento teórico á abdución desde o campo da lóxica, para afondar na clasificación dos argumentos. Por outra, realizarán unha reconstrución de argumentos de sentencias de casos reais. Antonio Piña, como xuíz decano de Ourense, será o encargado de supervisar unha compilación de textos xurídicos que lle permitirá ao grupo analizar os razoamentos xurídicos, a súa aplicación por parte dos xuíces e avaliar a súa aplicación. Dos froitos desta aproximación teórica e práctica, os investigadores agardan contribuír a que cando un xuíz dite sentencia o faga cos argumentos máis sólidos e racionais posibles.

Rosa Tedín – DUVI

Encuentro Nacional de Investigadores Razonamiento Jurídico y Administración de Justicia

El coloquio – dialogo, celebrado en el marco del Encuentro         Racionamiento Jurídico y Administración de Justicia, se desarrolló sobre el examen de las resoluciones judiciales que os anexo en esta entrada. A través de dichas resoluciones se pretendió aproximar los grandes conceptos que centran la relación entre la Argumentación Jurídica y la Administración de Justicia, girando el debate, especialmente, sobre la posición del Juez ante la ley en su tarea de aplicación de la misma.

Recientemente la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, en un Auto, ampliamente recogido por los medios de comunicación, resolvía en relación a la adjudicación en subasta de un bien inmueble que garantizaba una hipoteca, impidiendo proseguir la ejecución hipotecaria por la cantidad no satisfecha. Esta resolución, con los multiples posicionamientos doctrinales posteriores en su mayoría críticos con la misma, ha abierto de nuevo el debate acerca de los limites de la actuación judicial en la aplicación de la norma. Enfrentando con  ello los posicionamientos clásicos de respeto y actuación dentro del marco normativo, y de aquellos otros que atribuyen al Juez una función aplicadora del derecho que excede del mero corsé normativo, buscando un criterio de justicia material que sobrepasa las limitaciones normativas.

A esta resolución le han seguido pronunciamiento judiciales en sentido diverso, así en fechas inmediatas la Sección Primera de la misma Audiencia, resolviendo un caso semejante, admitía el derecho del acreedor a continuar la ejecución hasta obtener la satisfacción integra. No han faltado resoluciones judiciales en la misma linea, como la sostenida por  la Audiencia de Barcelona  incrementando el elenco argumental, y sobre todo con la posterior cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por un Juez de Sabadell, al entender que las ejecuciones hipotecarias generan exclusión social. En su toma de posesión como Presidente de la Audiencia de Lugo, el magistrado Varela Agrelo efectuaba un posicionamiento favorable a estas resoluciones, indicando que acercaban la justicia a los problemas del ciudadano, y que con ello servirian para motivar cambios legislativos. Atribuyendo a los jueces al importante función de incidir en la dinamización del derecho.

Esta linea argumental explicitada por el Presidente de la Audiencia de Lugo, y en gran medida reflejada en las resoluciones que comentamos, pone de nuevo sobre la mesa la determinación de los limites de la actuación judicial en su función de aplicar el derecho ¿debe ajustarse el juez a la norma que aplica, dentro de los limites que esta estable? o por el contrario ¿Corresponde al juez esta función dinamizadora del derecho, de acercamiento a la problematica social, a la actualidad diaria?

Auto Navarra Hipoteca

Sentencia Audiencia Valencia Cura Angel

Sentencia Sevilla Derecho Honor

Un premio a la imparcialidad

Recibo en el Decanato el escrito de un perito que actúa en los juzgados de Ourense, y en el que me da noticia de un incidente acaecido al término de un juicio. Un hecho que pone de manifiesto que la imparcialidad, la convicción de actuar honestamente, no gusta a todo el mundo.

En un procedimiento por daños se nombra por el Juzgado un tercer perito, el cual se obtiene de la lista ordinaria del Colegio Profesional correspondiente, según el turno de nombramientos que marca la ley. El perito depone con honestidad y según la rectitud que marcan sus conocimientos, sobre la cuestión a debate en el procedimiento. A una de las partes no le gusta, ni le favorece el peritaje realizado. Algo bastante habitual, y dentro de la más absoluta normalidad, pues, la razón no suele pertenecer a las dos partes.

Al día siguiente del juicio, el perito acude a un parking de la ciudad a retirar su vehículo, en una plaza que tiene alquilada desde hace seis años. El encargado se dirige al mismo y le dice, “que no vuelva al parking pues tiene vetada su entrada a partir de ese momento”.

Confirmo lo que todos suponéis, el parking era parte en el procedimiento, era la parte a quien no se había otorgado la razón con el peritaje.

Le indico al perito que acuda a la vía penal, formalizando su denuncia en el Juzgado de guardia, pues los hechos podrían ser constitutivos de un delito de obstrucción a la justicia del art. 464 C.P. Me contesta que no va a formular ningún tipo de denuncia, que se cambió de garaje y punto, y me dice algo que desde luego no me resulta extraño “era para que conocieras como en pleno  siglo XXI aún hay gente que utilizando la Justicia para defender sus pretensiones, sus métodos de actuación en la calle son todo lo contrario”.

Una buena reflexión que hago propia, cansado como estoy de ver la doble moral de tanta gente. En público predicamos honestidad, en privado utilizamos todo tipo de métodos para conseguir nuestros intereses. Me enorgullezco de tener amigos, compañeros de trabajo, sean jueces o peritos, que luchan por mantener la independencia y esta forma de hacer justicia basada en la verdad