El Fiscal General del Estado pasa examen a la libertad de expresión.

rodriguez solEl fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha iniciado los trámites para expulsar al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, tras sus declaraciones apoyando una consulta soberanista a Cataluña como alternativa al referéndum.

Torres-Dulce ha ordenado iniciar los trámites para llevar a efecto un “expediente de remoción” a pesar de que Rodríguez Sol matizó sus declaraciones y  apuntó que“entiende que no es posible un referéndum sobre la independencia, con el actual marco legal, que comparte, respeta y acata”.

A los políticos no le gustan aquellos que tienen opinión propia, y  mucho menos quienes la tienen discordante con el gobierno de turno. Si disentir de la opinión relevante ya constituye una vulneración de lo correctamente político, no digamos nada  cuando quien disiente tiene relevancia profesional y su opinión puede crear tendencia frente a la gubernamental. Al Fiscal Superior de Cataluña le está pasando factura un exceso verbal, justificar lo que parece injustificable para quien le ha nombrado, y en consecuencia este ha reaccionado como está acostumbrado a hacerlo con aquellos que no son políticos, recurriendo al cese.

Hasta aquí los hechos, los cuales recuerdan desde luego a otros tiempos, su examen nos lleva a una reflexión que no es ajena a otros ámbitos del Poder Judicial, disentir no solo no está bien visto sino que hasta puede ser causa de serios problemas. Para que no se pueda disentir lo más aconsejable es  cercenar los cauces de expresión, y desde luego en ello están. Estamos viendo lo sucedido en la Carrera Fiscal, jerarquía llevada a la máxima expresión en esta remoción, o en la reciente expulsión de un Abogado Fiscal en la jefatura de A Coruña. Jerarquía como expresión de decisión, como necesidad de sumisión, y ello entre quienes están llamados, según el reciente proyecto de Código Criminal, a instruir el proceso penal. Un Ministerio Fiscal que sigue próximo al gobierno, con innegables lazos ministeriales. La postura crítica del Fiscal General, Torres Dulce, con la ley de Tasas o el ataque a la independencia judicial contenido en las últimas reformas, nos hacía esperar de su gestión la preponderancia de la profesionalidad de los miembros del Ministerio Fiscal sobre cualquier injerencia política, pero parece, una vez más, que presuponíamos en exceso.

En la carrera judicial el panorama no varía en exceso. Las huelgas y protestas no están bien vistas ni por gobierno ni oposición, y así nos lo decía recientemente en el Congreso el Sr. Rubalcaba. Que los jueces tengan voz es un exceso que no pueden tolerar los políticos. Los informes reiterados del Consejo General del P0der Judicial expresando las deficiencias de los distintos proyectos legislativos o la necesidad de reformar la legislación en materia de desahucios escuecen a gobierno y oposición. Y ya no digamos la voz crítica de las Juntas de Jueces y los Decanos, o la organización en la Comisión Interasociativa Permanente de las Asociaciones Judiciales. Y a todo eso han decido ponerle techo. Y lo han hecho como saben: ¡Todo aquello que molesta, sobra! Y vaya si sobra, se mete la tijera y se suprime.

Y se han puesto manos a la obra, al Consejo General del Poder Judicial se le suprime la capacidad reglamentaria y la vía de informe, su composición se limita a los indispensables, su elección se democratiza (que es eso que los políticos tengan que elegir a 12 miembros entre 36 candidatos de las asociaciones judiciales), ahora cualquiera con 25 avales puede ser elegido, lo cual facilitara que el nombramiento recaiga en jueces próximos a los grandes partidos, carentes de la representación de la carrera, y mucho me temo, el tiempo seguro que lo evidenciara, al servicio de quien los ha nombrado. Un Consejo que deja de ser un órgano constitucional para pasar a ser un apéndice del Ministerio, una Subdirección más, una barrera frente al poder político que pasa a convertirse en un instrumento más del poder político.

Pero no terminan ahí, sino que el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece una gran reforma de la Planta Judicial, que realmente no es tal, pero que tiene la finalidad encubierta de eliminar los Decanatos y las Juntas de Jueces, órganos de representación democrática de la Carrera Judicial, y al parecer subversivos para el poder político. Desaparecen juzgados y decanatos y se crea el Tribunal de Instancia, el cual tiene al frente a un Presidente elegido por ese consejo politizado que han diseñado, dependiente del mismo, y que desde luego no va a tolerar la deriva contestaría que actualmente desarrollan Juntas de Jueces y Jueces Decanos. Se acabo denunciar el abandono secular de la justicia, exigir medios, u oponerse a indultos y a las tasas.

Les quedaba una última pieza en su diseño de la justicia, y era terminar con el papel preponderante de las Asociaciones Judiciales, y para ello acuden al ahogo económico, con supresión de subvenciones, convenios con entidades privadas, y cualquier ingreso que no sean las cuotas de los asociados, impidiendo con ello la vertebración nacional de las mismas, y tratando de minar su poder de representación.

La independencia judicial está de luto, y por ello en los próximos días colgaré un crespón negro en la puerta de mi despacho, pero desde luego no serán capaces de acallar nuestra voz.

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