Estamos acostumbrados a ver como la teoría y la práctica caminan en sentidos diversos, o incluso en muchas ocasiones opuestos. Un buen ejemplo de ello lo constituye la figura del Juez de Paz, en cuya persona se representa la figura del buen padre de familia, del hombre recto, del sentido común, elegido entre los miembros de su comunidad precisamente por esos atributos de honradez, de autoridad moral, de rectitud. En suma, representa el pacto táctico de la comunidad en la designación de quien ha de juzgar a sus miembros por reunir en su persona las máximas de experiencia, el sentido común y la imparcialidad que identifican al Juzgador como persona apta para el oficio de juzgar.
La elección del Juez de Paz no está, pues, regida por criterios de competencia técnica, sino todo lo contrario, por esa autoridad que otorga la rectitud de vida. La profesión que se desarrolle pasa a un segundo lugar, y con ella el nivel de estudios que se haya alcanzado. El régimen de incompatibilidades, muy semejante al exigido para los miembros de la carrera judicial, determina la imposibilidad de desarrollar estas funciones por quienes forman parte de la función pública, o se encuentran integrados en partidos políticos.
Si estos son los criterios de selección, la consecuencia inmediata debería ser la no necesidad de conocimientos teóricos para el ejercicio de sus funciones. Juzgan con la experiencia, con los criterios que rigen en la comunidad a cerca de lo correcto o incorrecto, sometidos únicamente a la ley, de modo que esta sirva como criterio de legalidad y al mismo tiempo como principio de seguridad jurídico.
Ahora bien este sometimiento al ordenamiento jurídico conlleva una innegable exigencia de conocimientos técnicos para aplicar e interpretar la ley correctamente, para adaptarse a los cauces del procedimiento, vinculante y exigible, y además complejo y técnico. Las competencias de los Jueces de Paz comprenden el enjuiciamiento de diversas faltas, entre las que se encuentra las más comunes de injurias y amenazas. El acto de juicio, la citación a las partes, los problemas de la incomparecencia de las mismas, las cuestiones técnicas que los abogados planten o incluso la propia redacción escrita de la sentencia, resultan lo suficientemente complejas como para poder estimar que puedan ser desarrolladas por quien carece de formación específica en estas materias. Resulta, pues, un contrasentido optar por un modelo de juez lego, y luego pedir que desarrolle su trabajo con unas exigencias prácticamente inabarcables.
Pero aún más ilógico resulta atribuir la misma competencia a todos los juzgados de Paz con independencia del núcleo de población en los que este establecido. Piénsese que estos Juzgados están establecidos en aquellos Concellos que no son cabeza de partido, lo que determina la atribución de las mismas competencias a Juzgados con escasa población y a otros con ámbitos poblaciones que llegan incluso hasta los 25.000 habitantes, como sucede en algunos municipios del levante, u otras ciudades de tamaño medio, como puede ser en Galicia, A Estrada, A Guarda, Allariz, o Finisterre. En todas ellas el Juez de Paz tiene que resolver juicios de faltas o celebrar conciliaciones, atender al Registro Civil, y todo ello compaginado con su profesión habitual, de electricista, empresario, carnicero, administrativo y un largo etcétera.
Pensarán Uds. que debe tratarse de una actividad lucrativa, para que con todas las dificultades expuestas continúen desarrollando su trabajo. Y la respuesta se encuentra en el título de esta entrada, España es un país donde todo funciona por mero voluntarismo, por esa voluntad cívica de que las cosas funcionen. Un Juez de Paz por el desarrollo de todas estas labores percibe menos de 100 euros al mes de retribución. Y el Secretario de estos Juzgados, aún menos. Si como lo oyen.
Ya ven, mero voluntarismo, amor por el trabajo que se realiza, deseo de que las cosas funcionen, sino no se explica. Mi admiración por todos esos Secretarios y Jueces de Paz que por toda Galicia se esfuerzan en servir en pueblos y ciudades, en luchar por sus conciudadanos, esa es la justicia que queremos.
¿Es necesaria la teoria para decidir casos judiciales? – Oscar de la Fuente
JUICIO DE FALTAS – Jueces de Paz